“En los últimos años -afirma Alejandro Morduchowicz, economista, especialista en educación del BID- fuimos testigos de algo infrecuente en la historia política educativa argentina: el crecimiento sostenido de recursos financieros para el sector. Pero también presenciamos un hecho muy usual en nuestra políticas públicas: el desaprovechamiento de una oportunidad excepcional para impulsar o profundizar cambios institucionales. La Ley de Financiamiento Educativo, vigente desde 2006, generó condiciones para dejar de considerar el factor monetario como un limitante al accionar estatal. Su existencia permitiría correr el eje de la discusión tradicional sobre la posibilidad de sostener transformaciones en el sector. El problema de la escasez de recursos llevaba en la agenda casi tantos años como el sistema educativo argentino, y parecía que alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) allanaría el camino para cumplir objetivos de más cobertura y mejor calidad. Pero no fue y no podía ser así”.

Opiniones de:
Alejandro Morduchowicz (economista, especialista en educación del BID); Jaime Perczyk (Secretario de Educación de la Nación); Marcela Gallardo (inspectora bonaerense de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de Ezeiza en los niveles inicial, primario y secundario); Ernesto Golomb, Luis Wigutow y Hugo Fontana (padres, integrantes del colectivo Unidos por la Educación Pública); Stella Maldonado (gremialista, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina); Lucía Cuniolo (presidente, hasta 2013, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Nº 7 de 9 de Julio); Eugenia Bertello (docente de Comunicación y de Trabajo y ciudadanía en las escuelas de educación secundaria Nº 7 y Nº 9 de Tigre); Emilio Cornaglia (presidente de la FUA); Axel Rivas (docente de UNIPE e investigador de CIPPEC).